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19-6-2013, Grupo Semillas

El bufete del embajador en Estados Unidos, ayudó a acaparar irregularmente tierras en Colombia a la compañía norteamericana CARGILL. Ya se alinderó contra la Nación en posibles reclamaciones ante tribunales internacionales.

En el caso eventual de que Colombia intentara recuperar las tierras baldías de la Nación acumuladas irregularmente por la poderosa transnacional CARGILL, el actual embajador de Colombia en los Estados Unidos no podrá defender los intereses nacionales. La razón: la multinacional le recordará que él hacía parte del bufete de abogados, BRIGARD & URRUTIA, que le recomendó a la multinacional acceder mediante 17 S.A.S., subordinadas a cuatro empresas creadas en Colombia pero de propiedad de CARGILL, a la compra de más de 26.000 hectáreas en la Orinoquía colombiana.

Por tal motivo, el Representante a la Cámara Wilson Arias ha elevado peticiones a distintos organismos de control para que investiguen de una parte, el comportamiento de Francisco José Uribe Noguera, asesor estrella de la “sofisticada” firma de abogados, y del propio bufete y sus restantes integrantes, entre los que figuraba el hoy embajador CARLOS URRUTIA.

Pero además, como quiera que el propio Carlos Urrutia no se ha declarado inhábil ante las nuevas circunstancias, Arias Castillo eleva solicitud al Procurador General de la Nación para que intervenga y declare tal inhabilidad.

Los predios acumulados irregularmente:

La multinacional CARGILL es una de las 10  multinacionales de la alimentación más grandes del mundo. Sus prácticas han sido severamente cuestionadas a escala orbital, razón por la cual se presenta con distintos nombres en cada país. En Colombia actúa a través de cuatro empresas, Cargill de Colombia Ltda., Cargill Trading Colombia Ltda.,  Colombia Agro SAS (NIT. 900335836-3) y Black River Colombia SAS, esta última homónima del fondo de inversiones internacional filial de Cargill.

Según información de prensa, el horizonte de esta empresa es la compra de 90.000 hectáreas en Colombia. Hasta el momento, se tiene identificada la adquisición de 20 predios que alcanzan una extensión de 26.060 hectáreas en los municipios de Santa Rosalía y Cumaribo (Vichada). Estas transacciones fueron efectuadas por las 17 SAS ya mencionadas entre 2010 y 2012 y alcanzaron un valor de $40.016.344.939. – See more at: http://farmlandgrab.org/post/view/22230#sthash.fhcJeuYx.dpuf

22-5-2013, PDA

Introducción

La Altillanura colombiana es una extensa región del país que comprende más de 7 millones de hectáreas, definida a nivel territorial por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán en el departamento del Meta, y todos los que componen el departamento del Vichada.

En su territorio con potencial productivo (aproximadamente 4 millones de hectáreas), se da unaferoz disputa entre empresarios (nacionales y extranjeros) y mafiosos.

En cada caso la tenencia por la tierra tiene motivaciones distintas. En cuanto a los empresarios tanto nacionales como extranjeros, muchos pretenden vincularse a la idea de desarrollo del gobierno nacional actual, consistente en transformar la región en el “Cerrado” colombiano, modelo brasilero de cultivos en gran escala, altamente mecanizados, integrados verticalmente y con un funcionamiento de enclave agrícola.

Otros, quizás no tienen intenciones productivas, sino de “engorde temporal” provocado por las expectativas de valorización futura de la tierra en la zona (entre 2005 y 2010, en promedio la hectárea en algunos municipios pasó de 500 mil a 10 millones la hectárea), a causa del boom de las locomotoras del agro y la minería (petróleo), obras de infraestructura, etc. – See more at: http://farmlandgrab.org/post/view/22177#sthash.WFztfeNE.dpuf

6-6-2013, PDA

Una serie de denuncias  sobre acaparamiento de tierras que comprometen seriamente al principal banquero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, así como a la firma de abogados del actual embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, hizo durante un bien documentado debate de control político el pasado miércoles 5 de junio, el representante por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias Castillo.

Con nombre propio, el congresista del Polo explicó las modalidades de apropiación ilegal de baldíos, por parte de poderosos potentados azucareros del Valle del Cauca, banqueros, carteles de prestigiosas firmas de abogados, actores de la mafia y testaferros.

Las graves denuncias que hizo Arias Castillo tienen que ver además con despojo de tierras a campesinos beneficiarios de procesos de reforma agraria, malversación de recursos públicos estatales mediante subsidios y gabelas a grandes inversionistas nacionales, como  Luis Carlos Sarmiento Angulo, el principal potentado de Colombia.

Durante el debate en la plenaria de la Cámara, el congresista del Polo acusó a Sarmiento Angulo de despojar a campesinos y capturar recursos del Estado.

En efecto, con pruebas en la mano Arias Castillo exigió al principal banquero de Colombia, propietario del Grupo Aval y de la Casa Editorial El Tiempo, quien posee 13 mil hectáreas de tierra en la altillanura colombiana, que devuelva estos territorios ya que está incurriendo en acaparamiento de baldíos nacionales a través de empresas de su propiedad.

Las investigaciones hechas por el representante polista a la Cámara por el Valle del Cauca indican que Sarmiento Angulo, junto con sus bufetes de abogados, “conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza”, violando la norma de acumular más de una Unidad Agrícola Familiar -UAF-, la cual prohíbe la concentración de propiedad de la tierra.

Interrogantes que no ha respondido Sarmiento Angulo

Hace pocos días el congresista Arias dirigió una carta a este banquero, presidente del Holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A., en la cual le formuló tres interrogantes: “¿Bajo qué consideraciones usted, dueño de cuatro bancos, un periódico nacional, un fondo de pensiones, una cadena de hoteles, concesionarias viales, constructoras de vivienda, compañías petroleras y de gas, y otros tantos negocios, se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?”.

Esta primera pregunta surge, según el representante, por las más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos agrarios en Puerto Gaitán y Puerto López, municipios ubicados en el departamento del Meta, que pertenecen a esta organización.

Uno de los ejemplos que arguye Arias es el de Pajares S.A., organización que acumula más de 4.000 hectáreas en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas. Solo con esta muestra, ya se ha violado la prohibición de acumular baldíos nacionales, explicó.

El segundo interrogante se remite al derecho a postularse para la obtención de créditos subsidiados por el Estado estando, según la revista Forbes, en el puesto número 64 de las personas más ricas del mundo: “¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos SUBSIDIADOS por el Estado colombiano, a través de Finagro y por valor de 35.600 millones de pesos, mientras usted a través de sus bancos cobra a los colombianos intereses cercanos a la usura?”

Y finaliza con la falta de criterio para ser beneficiario de incentivos y recursos públicos: “¿Con qué criterio ético y responsabilidad empresarial usted se hace beneficiario de incentivos y recursos públicos, tales como: CIF (187 millones), AIS (375 millones) y Exenciones Tributarias (sin valor reportado aún)?”

El congresista del Polo Democrática concluye su misiva exhortando a Sarmiento Angulo a devolver “a los colombianos dichos recursos y las tierras adquiridas vulnerando la Ley”. Así como recalca que al hacer efectiva esta petición, “no perderá su actual escalafón en Forbes y tampoco pondrá en riesgo sus finanzas personales o familiares”.

Funcionario del Estado defiende intereses del banquero

En desarrollo del debate, Arias Castillo también denunció una puerta giratoria de funcionarios del Estado que trabajan por los intereses de Sarmiento Angulo. Citó el caso concreto del economista José Leibovich, autor del Conpes de la altillanura, quien hace parte de la junta directiva de Corficolombiana, firma del citado banquero.

Coincidencialmente, Sarmiento Angulo acapara 13000 hectáreas de tierra de la altillanura a través de Pajonales S.A. y Corficolombiana. Arias señaló que el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo se quejaba por las irregularidades de baldíos en Antioquia pero nunca dijo nada respecto de los acaparadores de la altillanura.

Complicidad de la firma de abogados del embajador de Colombia en E.U.

También el congresista del Polo comprometió a la firma de abogados Brigard & Urrutia, de la cual hace parte el embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, de haber  diseñado toda una estrategia para que el Ingenio Riopaila-Castilla se apropiara ilegalmente de cerca de 40 mil hectáreas de bienes baldíos en el Vichada. De acuerdo con el congresista Arias, la estrategia de la firma de abogados consistió en constituir 27 SAS a través de uno de sus juristas, que compraron 27 predios originalmente baldíos. Las SAS fueron adquiridas por empresas españolas que son de una holding domiciliada en Luxemburgo perteneciente al Ingenio Riopaila.

Otro artificio “legal” para acumular baldíos es el de borrar la ruta en paraísos fiscales con ayudas de buffetes de abogados como el del embajador en Washington, denunció Arias.

Agregó que su hipótesis en este caso es que simularon contratos de compraventa, mediante testaferrato y solicitó a los entes de control las respectivas investigaciones.

El congresista del Polo se preguntó si el buefette Brigard & Urrutia es socio o testaferro de Riopaila.

Demostró que el ingenio Ríopaila tramitó un préstamo para crear 31 SAS y creó un holding en un paraíso fiscal que luego adquirió la propiedad de todos los predios. En este proceso, Brigard & Urrutia asesoró a dicho ingenio azucarero para la acumulación de baldíos.

¿No se indignaría usted saber que a los banqueros, que se enriquecen a costa de las altas tasas de interés que le cobran al público, el gobierno les subsidia el crédito para sus inversiones en la altillanura?, interrogó el congresista del Polo al precisar las denuncias que hizo durante de su debate parlamentario, al tiempo que hizo un llamado al Congreso, para que legisle y le de dientes a la lucha contra el acaparamiento de tierras.

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TEMÁTICA CENTRAL: AVANCES Y RETROCESOS  DE LAS POLÍTICAS DE TIERRAS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA  EN COLOMBIA

Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, martes 11 de junio 2013, 10am.

 

 

Presentación

El foro de LA CUESTIÓN AGRARIA es un escenario de carácter regional para el encuentro de la academia con los diferentes sectores sociales, organizaciones, asociaciones, juntas de acción, campesin@s, estudiantes, jóvenes, mujeres y hombres que tengan interés y disposición  de aprender, intercambiar experiencias y saberes, debatir, reflexionar y actuar sobre la realidad nacional y en especial del agro colombiano.

 

La iniciativa busca  construir y desarrollar varios foros para trabajar de manera dinámica y colectiva sobre estas temáticas de importancia común, con el propósito de avanzar en el análisis, la reflexión y propuestas de acción local y regional en defensa de la vida, del sector agrario y  por la soberanía alimentaria.

 

El primer foro de la cuestión agraria tuvo como temática central el Modelo Agropecuario Nacional y actualidad de la Soberanía Alimentaria en Colombia, con la asistencia  del senador Jorge Enrique Robledo Castillo como ponente central y la campaña SALSA. En el segundo Foro se trabajo en torno a la realidad minero energética en Colombia y la región, con participación de CENSAT y la corporación AURY SARA. El tercer foro abordo el análisis del Plan Nacional de Desarrollo y sus implicaciones en el sector agrario.  En el cuarto foro se trabajo en torno al Ordenamiento y Configuración Socio-Ambiental del Territorio a través de la socialización de experiencias  regionales, y conto con la participación de Juan Carlos Clavijo de Parques Nacionales Naturales. El quinto foro se  centró en “el impacto del Tratado de Libre Comercio en el agro Colombiano”, y contó con la participación del economista Aurelio Suarez Montoya, integrante de la asociación nacional por la salvación agropecuaria.

El sexto foro está centrado en “AVANCES Y RETROCESOS  DE LAS POLÍTICAS DE TIERRAS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA  EN COLOMBIA”, y contará con la participación de Juan pedro Córdoba miembro del INCODER y del colectivo de agroecología Tierra libre Y Alberto Castilla integrante del Coordinador Nacional Agrario, y tendrá lugar el día martes 11 de junio a las 10 am  en la universidad de Cundinamarca.

 

“El periodista italiano Guido Piccoli bautizó a Colombia como la tierra de los excesos1; yo mismo me siento tentado a llamarla “el país de los extremos”, pues una suerte de bipolaridad crónica nos acompaña desde el inicio de la República. La opinión (si es que esta existe) pasa de forma rápida, de la esperanza por la paz negociada a la promoción de la guerra a cualquier precio, o de la confrontación contra los enemigos del Estado a la supuesta Unidad Nacional.

Recuerdo que hace muy poco tiempo nos opusimos a leyes como el estatuto de desarrollo rural (luego declarada inexequible por la Corte Constitucional), impulsadas por el entonces ministro Andrés Felipe Arias; dicha ley tenía un claro sesgo en favor de la gran propiedad rural y las actividades extensivas, especialmente la ganadería, los agrocombustibles y otros exportables.

Ahora se supone que transitamos el extremo opuesto, pues discutimos un proyecto de ley que tiene como objeto la restitución de las tierras despojadas a las víctimas de la violencia. Pero ¿transitamos realmente de un extremo al otro?, ¿o más bien los presuntos extremos no son más que dos caras de la misma moneda?” 

 

¿Por qué un Foro sobre la cuestión agraria?

La situación agraria nacional es un tema central no solo para quienes habitan en el sector rural o tienen relación con este, sino para toda la sociedad colombiana; la cuestión agraria en Colombia y en el mundo, incluye aspectos fundamentales como la tenencia de la tierra; el uso y manejo  de  los suelos (incluyendo el subsuelo); la biodiversidad; los recursos naturales (agua, suelo, bosques, minerales);  ecosistemas; todos estos aspectos relacionados con los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales y con un tema de vital importancia para la humanidad en un contexto de crisis alimentaria mundial; la soberanía alimentaria.

¿Cómo se puede participar?

Inscribiéndose en el foro, no tiene costo; la inscripción incluye; papelería para quienes se inscriban previamente con nombre, cedula, teléfono, ocupación, dirección y organización en caso de hacer parte de alguna. Estos datos deben enviarse hasta el día viernes 9 de junio de 2013 al correo electrónico: agroecolibre@gmail.com.                  

                            

Cronograma para el VI foro:

 

HORA

ACTIVIDAD

PONENTE o RESPONSABLE

10:00 am

Presentación e introducción del Foro

Moderación Colectivo Tierra Libre

10:15 am

 

Ponencia Avances Y Retrocesos  De Las Políticas De Tierras Y Soberanía Alimentaria  En Colombia

Juan pedro Córdoba, INCODER, Colectivo De Agroecología Tierra Libre

Alberto Castilla, Coordinador Nacional Agrario.

11:30 am

Preguntas e intervenciones del público

Moderación Tierra Libre

 

Fecha y lugar:

Martes 11 de junio, hora  10:00 am, Fusagasuga, Universidad De Cundinamarca

Convocan:

Colectivo Tierra Libre  – Minga Sumapaz

Apoyan:

FEAC – Minga Juvenil – ZEPEC – colectivo Barriga Llena Corazón Contento, Campaña SALSA,  Universidad de Cundinamarca.

De acuerdo con el proyecto de Ley 164 Senado en trámite, el gobierno quiere seguir con la extranjerización de las tierras rurales y, tras ella, modificar las normas sobre baldíos del Estado, para arrebatarle derechos al campesinado y legalizar apropiaciones ilegales de baldíos. El proyecto, además, resucita el contenido de artículos del Plan Nacional de Desarrollo que modificaban la Ley 160 de 1994 y que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional (análisis del proyecto: http://db.tt/ocA3MHZR).

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se opuso a que el Congreso controlara la extranjerización de las tierras rurales de Colombia, problema sobre el que presentaron sendos proyectos de ley el Polo Democrático Alternativo, el Partido Conservador y el senador Juan Lozano, cuya propuesta, con cambios, aprobó en 2012 la Comisión Quinta del Senado y está para ser votada en la plenaria de la Corporación. Pero a la postre el ministro sorprendió con su propio proyecto de ley, el cual ni siquiera limita el área de la que podrán apropiarse los extranjeros. Y con ese pretexto, siete de trece artículos del proyecto van contra la Ley 160 de 1994, que no tiene nada que ver con la relación entre tierras y extranjeros.

Hoy por hoy, de acuerdo con la Ley 160, que acogió la filosofía de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 las leyes 135 de 1961 y 30 de 1988, los baldíos solo pueden adjudicarse a pobres del campo y las parcelas no pueden venderse para constituir propiedades mayores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), el área que necesita una familia campesina para ganarse dos salarios mínimos. La misma restricción aplica para fincas originadas en proyectos de reforma agraria. Dichas leyes se inspiraron en la idea de que los campesinos accederían a la tierra a través de los baldíos y, en menor proporción, por planes de reforma agraria, y que las fincas no debían salir de la órbita de la economía campesina. Es a esta concepción a la que le declararon la guerra los artículos 63 y 69 del programa del candidato de Juan Manuel Santos, que señalan como objetivo “el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias” y acabar con la “limitación burocrática” de la UAF.

La conversión de las parcelas campesinas en haciendas de decenas de miles de hectáreas sigue las recomendaciones del en ese entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (http://db.tt/IdhnBYlg). Y el segundo intento de despojo al campesinado en este gobierno no se busca por el cambio de la Ley 160 de 1994, sino mediante su interpretación inconstitucional. Así, los campesinos mantendrán el título de sus predios pero para arrendarlos a largo plazo a los grandes inversionistas extranjeros y nacionales, quienes los convertirán en sus “socios”. La sociedad del pájaro con la fruta madura, decimos en Colombia. Al despojo del pobre se le suma la burla de motejarlo de “socio” del magnate y esas “sociedades” se impulsarán, según el proyecto, con subsidios del gobierno, tan tacaños cuando se trata de respaldar a los campesinos libres, a los que quieren convertir en los siervos del siglo XXI.

El proyecto de Ley 164 de 2012 también busca legalizar ilegalidades en la titulación de los baldíos. Para tal efecto determina una interpretación de la Ley 160 de 1994 contraria al artículo 28 de la Ley 153 de 1887 vigente hoy y, según el cual, desde la Ley 135 de 1961 no pueden sumarse títulos sobre baldíos para establecer propiedades mayores a las de la economía campesina. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, “la interpretación que propone el Ministerio de Agricultura implica, por lo tanto, sustrae del ámbito de aplicación del artículo 72 alrededor de 18,5 millones de hectáreas, es decir, tres cuartas partes de las tierras que hoy se suponen protegidas con las medidas de anti-concentración y pro-desconcentración de la Ley 160 de 1994”.

Lo que se favorece con esta interpretación acomodaticia de la Ley 160 de 1994 es la que podría ser la mayor legalización de apropiaciones ilegales de bienes del Estado en toda la historia de Colombia, dado que son muchas la haciendas constituidas sumando predios que legalmente no pueden sumarse, tal como lo muestran los procesos penales en curso y las denuncias del Superintendente de Notariado y Registro.

El Superintendente Jorge Enrique Vélez “afirmó que en Colombia ‘había una gran capacidad para proceder a robarse los baldíos’ y que dentro de los despojadores más grandes están, entre otros, las Farc, los grupos paramilitares y los bandidos ‘de cuello blanco’. Sobre estos últimos subrayó: ‘Ahí sí que tenemos despojo de tierras, los que llamamos los negociantes de la tierra’. (…) La Superintendencia calcula que el Estado tiene entre 600.000 y 700.000 hectáreas de terrenos baldíos por recuperar”. Como si fuera poco, Jhenifer Mojica, Subgerente de Tierras del Incoder, afirmó: “No sabemos cuáles son los baldíos en Colombia, ni cuánto valen, ni donde están” (http://db.tt/ZQxOZgFk).

Tanta insistencia del gobierno en modificar las normas sobre baldíos –en lo que les tumbó la Corte también se eliminaba que los baldíos solo se les pueden adjudicar a los pobres del campo y permitía pasárselos a los magnates nacionales o extranjeros y en áreas de cualquier tamaño– se fundamenta en dos falacias fáciles de refutar: que los campesinos son incapaces de producir eficientemente y que la gran propiedad equivale a una correcta utilización de la tierra. Porque Colombia tiene uno de los peores índices de concentración del tierra rural del mundo –Gini de .875 (Ibáñez)– y hay 21 millones de hectáreas cultivables subutilizadas. Y sobran los estudios, en el mundo y en Colombia, que muestran la capacidad campesina para generar riqueza satisfactoriamente.

Espero que usted coincida conmigo en que es por lo menos inaceptable el empecinamiento del gobierno en modificar las leyes sobre baldíos en contra de la economía campesina y a favor de unos cuantos magnates nativos y foráneos, con el agravante de la legalización de incontables ilegalidades y sin el debido conocimiento y debate público, todo en medio de tal ignorancia del Estado sobre lo que ocurre que aun si se quisiera legislar con el propósito de acertar, ello no sería posible. ¿Será mucho pedirle al presidente Juan Manuel Santos que no se legisle a este respecto sin que se conozca la realidad de los baldíos y el calibre de la ilegalidad que los rodean, así como que lo que pretenda el gobierno se tramite en el Congreso sin afanes inaceptables y luego de un amplio debate ante el país?

Jorge Enrique Robledo

Senador de la República.

¿Deberían los países ricos -o inversionistas que operan ahí- comprar tierras de cultivo en países en desarrollo? 

Esa pregunta es objeto de estudio en el informe ‘Operaciones transnacionales de compra de tierras de cultivo en los países en desarrollo’, que publicó el año pasado el consorcio de institutos de investigación europeos y organizaciones no gubernamentales Land Matrix Partnership.

En el informe se muestra que desde el año 2000, inversionistas u organismos del Estado de países ricos o emergentes han comprado más de83 millones de hectáreas (más de 200 millones de acres) de tierras de cultivo en los países en desarrollo más pobres. Esto representa el 1,7 por ciento de las tierras de cultivo mundiales.

Gran parte de estas compras se han hecho en África, entre las cuales dos tercios se han realizado en países donde el hambre es generalizada y las instituciones para formalizar la propiedad de la tierra a menudo son deficientes. Tan solo las adquisiciones en África representan un área de tierras de cultivo del tamaño de Kenia.

Se ha alegado que los inversionistas extranjeros están comprando tierras ociosas; por lo que al ponerlas a producir, las compras aumentan la disponibilidad de alimentos en general. Sin embargo, el informe del Land Matrix Partnership determinó que esto no es así: aproximadamente el 45 por ciento de las adquisiciones de tierras de cultivo existentes y casi una tercera parte de las tierras adquiridas se deforestaron, lo que indica que su desarrollo puede plantear riesgos para la biodiversidad.

Las inversiones son privadas y públicas (por ejemplo, por entidades propiedad del Estado) y proceden de tres grupos distintos de países: economías emergentes como China, India, Brasil, Sudáfrica, Malasia y Corea del Sur; los Estados del golfo ricos en petróleo; y economías desarrolladas ricas, como los Estados Unidos y varios países europeos. 

En promedio, el ingreso per cápita en los países que son fuente de estas inversiones es cuatro veces superior al de los países a los que se destinan.

La mayoría de las inversiones se destinan a la producción de alimentos u otras cosechas para exportación desde los países en los que se compra la tierra, por la razón obvia de que los países más ricos pueden pagar más por la producción. 

Más del 40 por ciento de esos proyectos tienen como objetivo la exportación de alimentos a los países fuente, lo que sugiere que la seguridad alimentaria es una de las principales razones para comprar tierras.

Oxfam International se refiere a estas operaciones como “despojo de tierras”. Su propio informe, ‘Our Land, Our Lives’ (Nuestra tierra, nuestras vidas), indica que desde 2008 las comunidades afectadas por proyectos del Banco Mundial han presentado 21 quejas formales por violación de sus derechos de propiedad de la tierra. 

Oxfam ha señalado adquisiciones de tierra a gran escala en los que ha habido violaciones directas de los derechos para pedir al Banco que congele las inversiones en adquisición de tierras hasta que pueda establecer normas para garantizar que se informe de antemano a las comunidades locales y se les dé la opción de rechazarlas. 

Oxfam también desea que el Banco asegure que estas operaciones no socaven la seguridad alimentaria local o nacional. En respuesta, el Banco Mundial estuvo de acuerdo en que hay casos de abuso en la adquisición de tierras, sobre todo en países en desarrollo donde la gobernanza es débil y expresó su apoyo a una participación más transparente. 

Al mismo tiempo, el Banco señaló la necesidad de aumentar la producción para alimentar a la población adicional de 2.000 millones de personas que se prevé para 2050, y sugirió que es necesario incrementar la inversión en agricultura en los países en desarrollo para mejorar la productividad. El Banco rechazó la idea de una moratoria sobre su propio trabajo con los inversionistas en el sector de la agricultura, con el argumento de que eso perjudicaría precisamente a quienes con seguridad harían las cosas correctamente.

Cabría preguntarse si la transparencia y el requisito de que los propietarios de tierras locales aprueben una venta es suficiente para proteger a las personas que viven en la pobreza. Los partidarios del mercado libre dirían que es decisión de los propietarios locales vender sus tierras. Pero, dadas las presiones de la pobreza y la atracción que genera el dinero en efectivo, ¿qué se necesita para que las personas puedan tomar una decisión verdaderamente libre e informada sobre la venta de algo tan importante como el derecho a la tierra? Después de todo, no permitimos que las personas pobres vendan sus riñones al mejor postor.

Por supuesto, los partidarios más firmes del libre mercado dirían que deberíamos permitirlo. Sin embargo, como mínimo, es necesario explicar por qué se debe prohibir que la gente venda sus riñones pero no la tierra en la que produce sus alimentos. La mayoría de las personas pueden vivir con un riñón pero nadie puede vivir sin alimentos.

¿Por qué la compra de órganos es objeto de condena internacional y la de tierras agrícolas no lo es, aun cuando supone la expulsión de los terratenientes locales y la producción de alimentos para exportación a países ricos y no para el consumo local?

Es probable que, en efecto, al Banco Mundial le preocupen más los derechos de los terratenientes locales que a otros inversionistas extranjeros. De ser así, puede ser que las 21 quejas presentadas sean la punta visible de un enorme iceberg de violaciones de los derechos a la tierra cometidos por inversionistas extranjeros en proyectos agrícolas de los países en desarrollo, mientras que los demás siguen siendo invisibles porque las víctimas no tienen acceso a ningún procedimiento de queja.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se enteró tarde de uno de esos casos. En noviembre el Comité concluyó que Alemania no había vigilado al Neumann Kaffee Gruppe en relación con su complicidad en la expulsión de los habitantes de varios pueblos de Uganda para crear una gran plantación de café.

No obstante, las expulsiones se llevaron a cabo en 2001, y los habitantes siguen viviendo en pobreza extrema. No se encontraron soluciones ni en Uganda ni en Alemania para la violación de los derechos. ¿Debemos creer que a los terratenientes les va mejor con inversionistas chinos o sauditas?

Sobre el autor

Peter Singer es profesor de Bioética de la Universidad de Princeton y profesor galardonado de la U. de Melbourne. Ha escrito ‘Ética práctica’ y ‘Un solo mundo’, entre otros.

PETER SINGER
PROJECT SYNDICATE

Por: Felipe Morales Mogollón 

Política |12 Nov 2012 – 9:51 pm

Según la FAO, los gobiernos deben asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la producción y el empleo agrícola.

El jueves pasado, en la cena que el presidente Juan Manuel Santos tuvo con algunos congresistas del Partido de la U en la casa del senador Roy Barreras, el primer mandatario les pidió no apoyar las tres iniciativas que cursan en el Congreso de la República y que pretenden regular la extranjerización de la tierra en Colombia. Para el Gobierno —y así lo ha expresado el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo— dichas iniciativas son un “pésimo mensaje a la inversión extranjera sana y verificada”.

Llama la atención que dos de esos proyectos de reforma constitucional son de autoría de la misma U y del Partido Conservador, miembros de la Unidad Nacional, mientras que el otro es impulsado por el Polo Democrático. Lo cierto es que para estas tres colectividades, el meollo del asunto tiene que ver con la seguridad alimentaria de las futuras generaciones, en un escenario en el que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en América Latina y el Caribe se vienen dando intensos procesos de acaparamiento, concentración y extranjerización de tierras destinadas a la producción de alimentos.

Para Fernando Soto-Baquero, oficial de políticas de la FAO, “los gobiernos deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar”. En la actualidad, Colombia es autosostenible y es considerado uno de los 10 países en el mundo con mayor posibilidad de aumentar su capacidad productora.

Por este motivo se ha venido convirtiendo en un atractivo punto de inversión para transnacionales que buscan desarrollar proyectos agropecuarios de gran escala. Un hecho que tiene diferentes puntos de vista y que ha prendido las alarmas en algunos sectores que creen que está en juego la capacidad del país de producir su propio alimento. El temor —y es algo que ya se está dando en otros lugares del mundo— es que las tierras fértiles sean empleadas para la producción de biocombustibles o que simplemente la comida sea cultivada, extraída y luego enviada a otras naciones.

El debate está planteado, más aún cuando en el naciente proceso de paz entre el gobierno del presidente Santos y las Farc —que arranca en firme este jueves en La Habana (Cuba)— el tema de la tierra es el primer punto de la agenda a abordar. Por ejemplo, para la exministra y exprecandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, quien ayudó a diseñar el proyecto de los conservadores, la inversión extranjera es importante, pero no a cualquier costo: “El Gobierno no puede sacar pecho diciendo que la inversión extranjera continúa creciendo cuando se está poniendo en riesgo al país”, dijo.

Ramírez cree que debe regularse la adjudicación masiva de tierras, que ya se está presentando en Colombia ante la ausencia de una normatividad clara. Postura que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, considera exagerada, lo que lo ha llevado a chocar duramente con el Congreso. Hace dos semanas, en la Comisión Primera del Senado, acusó a los legisladores que promueven tales iniciativas de manejar un discurso similar al del vocero de las Farc, alias Iván Márquez, en la instalación de los diálogos de paz en Oslo (Noruega).

Sus palabras provocaron reacciones airadas, como la del senador Armando Benedetti, de la U, quien le dijo que lo que estaba haciendo era algo “más doloroso y más fascista” que lo que hizo Andrés Felipe Arias: “Es irresponsable pretender vender las tierras para hacer grandes empresas y pensar que el campesino entorpece el desarrollo y la inversión extrajera. El modelo Carimagua es un enanito al lado de lo que quiere este ministro”.

El senador Hernán Andrade, ponente del proyecto conservador, también le salió al paso: “El ministro sabe que en el mundo se está dando un proceso de acumulación de tierras y no podemos permitir que vengan a comprarnos la Orinoquia porque sí, o el Macizo Colombiano porque sí. No pretendemos desestimular la inversión extranjera, que ha sido buena, pero también ha sido desastrosa en algunos lugares en materia ambiental. Hay regiones desoladas y arruinadas por no imponer los límites adecuados a esta inversión”.

El ministro Restrepo, por su parte, dice que se está dando una especie de “xenofobia” en el Congreso, la cual tiene paralizados más de US$800 millones en inversión. En su concepto, los proyectos que están en trámite le cierran la puerta en las narices a la inversión extranjera, descartando que se esté presentando un fenómeno masivo de acumulación de tierras: “El año pasado llegaron al país US$13.200 millones de inversión extranjera directa, de la cual sólo fueron registrados US$154 millones enfocados para el agro. Eso implica que sólo el 1,5% de la plata que se invierte está dirigida a este renglón”, afirmó.

Para el Gobierno, en el Congreso se están presentando cifras distorsionadas. Pero pese a este argumento, Wilson Arias, representante a la Cámara por el Polo Democrático y autor de otra de las iniciativas que apuntan a la de reglamentación de la extranjerización de la tierra, advierte que en Colombia ya se está presentando este fenómeno y denuncia con nombre propio millonarias inversiones. Se refiere, por ejemplo, el caso de la multinacional brasileña Mónica Semillas, que creó siete filiales en el país y ya ha comprado cerca de 13.000 hectáreas, y a la multinacional Cargill, que pretende cultivar 55.000 hectáreas de soya.

Ahora, independientemente de la visión de las partes, es un hecho que en el mundo se ha venido dando un fenómeno de acaparamiento de tierras y el principal ejemplo de ellos es África. En países como Etiopía, Mozambique, Zambia, Liberia y Madagascar, literalmente se han vendido o arrendado sus territorios, acabando con su capacidad productiva alimentaria. Coincidencialmente los compradores son los mismos: China, India y Arabia Saudí.

En África se han vendido, arrendado o negociado desde 2001 más de 227 millones de hectáreas y, según el Banco Mundial, más del 70% de estos contratos se hizo a partir de 2008, cuando se presentó un incremento sustancial en los precios de la comida en la región Subsahariana. Los países de esta región, a pesar de tener una clara vocación agrícola, tienen los más altos índices de hambruna, según señala la FAO.

Aunque la inversión extranjera en el sector agrícola es contemplada como el camino hacia la modernización tecnológica de los campos y la creación de empleo en las áreas rurales, en África no ha sido así. Las multinacionales han acaparado la tierra y, contrario a generar mano de obra, han ocasionado el desplazamiento del campesinado, de acuerdo con un reciente informe de Oxfam. Este fenómeno ha empezado a darse en América Latina y obligado a países como Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina a adoptar una estricta reglamentación.

En Colombia, el Gobierno mantiene su decisión de proteger y estimular la inversión extranjera y ya anunció la presentación de un proyecto de ley para reglamentar el tema agrario, que le haría contrapeso a los tres que hacen curso en el Congreso impulsados por los partidos de la U, Conservador y Polo Democrático. Con el tema agrario como parte de los diálogos con la guerrilla en La Habana se espera un fuerte pulso político y al Ejecutivo le tocará jugársela a fondo para hacerle entender al país que no se está feriando la tierra, como se cree, y que la seguridad alimentaria de las próximas generaciones está garantizada.

Un Conpes para garantizar la alimentación de todos

Pese a que Colombia es considerado un país autosuficiente en su producción alimentaria, también es cierto que en los últimos 20 años no ha podido superar una superficie agrícola de cuatro millones de hectáreas y en la actualidad importa más de ocho millones de toneladas anuales de alimentos. En marzo de 2008, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe emitió el documento Conpes 113, que contiene la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional con el propósito de “garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad”. Y el Decreto 2055 de 2009, del entonces Ministerio de la Protección Social, creó la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisán). Por su parte, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) ha planteado varios puntos a tener en cuenta para garantizar la seguridad alimentaria en el país: reconocer el aporte de la población campesina, desconcentrar la tierra y sembrarla de comestibles, conectar la oferta y la demanda y generar desarrollo tecnológico y seguridad.

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